Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones en el gobierno de Gustavo Petro, fue enviada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá tras ser acusada de tráfico de influencias, lavado de activos y corrupción en contratos públicos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Se le señala de recibir 3.000 millones de pesos como soborno para asegurar apoyo legislativo al gobierno, además de eliminar pruebas y recibir dinero en efectivo en un hotel de Bogotá. Durante la audiencia, Ortiz negó las acusaciones y afirmó que se trata de un complot en su contra, señalando a Laura Sarabia como responsable, lo que esta última desmintió. Su detención ha generado controversia en el ámbito político colombiano.
