La senadora Paloma Valencia encendió las alarmas sobre un contrato multimillonario firmado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al revelar presuntas irregularidades en la forma como se manejaron los recursos públicos a través de una fiducia privada perteneciente al propio contratista.
De acuerdo con documentos oficiales, la ANT no constituyó una fiducia propia para el negocio, sino que giró los recursos a la fiducia que el contratista ya tenía con Fiduciaria Corficolombiana S.A., una estructura creada desde 2023 por la empresa Puerta de Oro Empresa del Desarrollo del Caribe S.A.S.
Esto significa que los recursos del Estado terminaron siendo administrados bajo normas de derecho privado, sin los mecanismos de control de la contratación pública. En palabras de Valencia, se trata de una manera de “contratar a dedo, disfrazando la ejecución con una fiducia ajena”.
*Anticipos del 100% y adiciones sin sustento*
Según la denuncia, en diciembre de 2024 la ANT giró $19.998 millones a la fiducia del contratista antes de que se entregaran los servicios contratados, y en mayo de 2025 realizó una adición de $9.999 millones, sin modificar el anexo técnico que valoraba las actividades en apenas $350 millones.
El contrato terminó costando casi $30.000 millones.
Pese a que la ANT justificó que la ejecución correspondía a recursos del 2024, Valencia reveló que la adición se financió con fondos de 2025 provenientes de programas destinados a la formalización de tierras para comunidades indígenas y afrodescendientes.
“En la práctica, se comprometieron vigencias futuras sin autorización, y los recursos que debían servir para entregar tierra a los campesinos terminaron pagando eventos”, advirtió la senadora.
*Violación de normas y llamado a los entes de control*
El artículo 20 del Decreto 1523 de 2024 prohíbe transferir recursos a patrimonios autónomos sin que se haya cumplido el objeto contractual. Sin embargo, los giros se hicieron en su totalidad como anticipos, lo que podría configurar una violación de las normas fiscales y presupuestales.
Valencia pidió a la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía investigar a fondo lo que calificó como “una mina de oro creada dentro de la ANT, donde los contratos se mueven sin transparencia y sin control público”.
