La reciente controversia generada por el presidente Gustavo Petro al cuestionar la transparencia del sistema electoral colombiano contrasta con su propia trayectoria política, marcada por múltiples triunfos en elecciones organizadas precisamente por ese mismo sistema que hoy pone en duda. Desde 1991, Petro ha participado en siete contiendas electorales, de las cuales ha salido victorioso en seis, lo que refleja una historia de respaldo ciudadano constante bajo las reglas del actual modelo democrático colombiano.
Su primera elección fue como representante a la Cámara por el departamento de Cundinamarca en 1991, bajo el naciente movimiento Alianza Democrática M-19. Posteriormente, fue elegido nuevamente como representante en 1998 y luego como senador en 2006, donde se consolidó como una de las voces más críticas del establecimiento político. En 2011 logró uno de sus triunfos más importantes al ser elegido alcalde de Bogotá, cargo en el que ejerció hasta 2015, pese a múltiples controversias y un proceso de destitución que fue revertido judicialmente.
En 2018, se presentó por primera vez como candidato presidencial, alcanzando la segunda vuelta, pero fue derrotado por Iván Duque. No obstante, en 2022 logró su mayor victoria al convertirse en el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Todos estos logros electorales se dieron mediante procesos organizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, la misma entidad que ahora Petro critica, sugiriendo posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y en la logística de las próximas elecciones.
Estas declaraciones han generado preocupación tanto en sectores políticos como en la ciudadanía, ya que ponen en entredicho la legitimidad de un sistema que ha avalado su ascenso político. La paradoja es evidente: el presidente que ha sido electo en múltiples ocasiones ahora cuestiona el mecanismo que certificó esos triunfos. Para algunos analistas, estas críticas podrían tener un trasfondo estratégico con fines electorales o de presión institucional, mientras que otros las consideran un riesgo para la estabilidad democrática del país.
