Gobierno ajustará decretos tras advertencia de la Corte: la conmoción no resuelve problemas estructurales como el ELN
El Gobierno nacional recibió con una mezcla de alivio y cautela el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la declaratoria de conmoción interior decretada hace varios meses en algunas regiones del país. El alto tribunal dio un respaldo parcial a la medida extraordinaria, al considerar que, si bien en ciertos aspectos se justificaba su implementación debido a la grave alteración del orden público, no todo el contenido de los decretos expedidos bajo esta figura cumple con los criterios de necesidad, proporcionalidad y conexidad que exige la Constitución.
La Corte fue enfática al advertir que el Estado no puede recurrir a la conmoción interior como mecanismo para intentar resolver problemáticas estructurales y de largo aliento como la presencia histórica de grupos armados ilegales —específicamente el Ejército de Liberación Nacional (ELN)— o la concentración persistente de cultivos ilícitos en algunas zonas. Según los magistrados, estos fenómenos deben abordarse mediante políticas públicas sostenidas, no por medio de herramientas excepcionales pensadas para crisis puntuales.
En consecuencia, aunque algunos de los 11 decretos emitidos y prorrogados bajo el amparo de la conmoción fueron validados, otros podrían ser tumbados en las próximas semanas tras una revisión más detallada. Esto obliga al Gobierno a prepararse para ajustes normativos y a evaluar estrategias alternas que le permitan continuar enfrentando los desafíos de seguridad en los territorios críticos, sin recurrir excesivamente a medidas excepcionales.
Desde la Casa de Nariño, la respuesta fue prudente. El Ejecutivo valoró que la Corte reconociera la gravedad de la situación que dio lugar a la conmoción interior, pero también expresó su disposición a acatar las recomendaciones del tribunal y hacer los ajustes necesarios para que su respuesta institucional se mantenga dentro del marco constitucional. El fallo implica un remezón en la estrategia jurídica del Gobierno frente al orden público, lo que podría tener repercusiones en su relación con la Corte y con otros actores del sistema político.
