La tensión entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República ha escalado en torno a una consulta popular que el Ejecutivo busca impulsar como parte de su estrategia para destrabar las reformas sociales que no han logrado avanzar en el Legislativo. En el centro de la controversia están tres momentos clave que han marcado la disputa institucional, y que ahora enfrentan interpretaciones legales y políticas enfrentadas entre ambas ramas del poder público.
El primero de esos momentos se refiere a la sesión del Congreso en la que supuestamente fue archivada la iniciativa de la consulta popular. Según el Ejecutivo, esa sesión no contó con las garantías legales necesarias ni con la participación suficiente para tener validez jurídica. En particular, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el embajador de Colombia ante la FAO y exministro Armando Benedetti —quien ha reaparecido en la escena política defendiendo la postura del Gobierno— han argumentado que lo ocurrido no puede considerarse una decisión legítima del Congreso. Desde su perspectiva, no hay un acto legislativo formal que impida avanzar con la convocatoria ciudadana.
El segundo momento es la reacción del Capitolio, que prepara una respuesta jurídica robusta para defender el procedimiento llevado a cabo. Voceros del Congreso insisten en que la votación fue válida, se llevó a cabo bajo los marcos reglamentarios y que, por tanto, la iniciativa fue efectivamente hundida. La Mesa Directiva del Congreso estudia una posible comunicación oficial o incluso un concepto del Consejo de Estado que pueda respaldar su posición y aclarar los alcances de lo ocurrido.
El tercer momento está relacionado con lo que está en juego: el poder de movilizar la voluntad popular por fuera de los canales institucionales tradicionales. Para el presidente Petro, esta consulta se ha convertido en una bandera política fundamental. La ve como una forma legítima de hacer avanzar sus reformas frente a un Congreso que, según él, representa intereses que obstaculizan el cambio social prometido. Para el Legislativo, sin embargo, permitir que el Gobierno pase por encima de sus decisiones sentaría un precedente peligroso que debilita la separación de poderes y rompe el equilibrio institucional.
Más allá del conflicto legal, este pulso encarna una disputa de legitimidades: la del Congreso como representante de la democracia representativa y la del Ejecutivo, que apela a la democracia directa. La confrontación está lejos de ser solo técnica o jurídica; en el fondo se trata de un choque político por el modelo de gobernabilidad y por quién tiene la última palabra en la transformación del país.
