“Ministra de Ambiente Susana Muhamad Enfrenta Posible Arresto por Desacato en el Caso del Páramo de Santurbán”
La ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad, enfrenta la posibilidad de un arresto de hasta seis meses y una multa equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta situación surge debido al presunto incumplimiento de un fallo de tutela que le ordenaba responder a una solicitud de información relacionada con la creación de un área de reserva temporal en el páramo de Santurbán, en el departamento de Santander.
El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga emitió una advertencia a la ministra, otorgándole un plazo de 48 horas para dar respuesta a la acción de tutela interpuesta por Ivonne Consuelo González Jácome, representante de la Asociación de Mineros de Santurbán. González argumenta que la decisión gubernamental de establecer la reserva se tomó sin una consulta previa adecuada, afectando negativamente a más de 35.000 habitantes de la provincia de Soto Norte, cuya economía depende en gran medida de la minería legal.
En respuesta, el Ministerio de Ambiente afirmó haber enviado la información solicitada el pasado 18 de febrero de 2025. Sin embargo, el tribunal determinó que dicha respuesta no cumplía con los requisitos establecidos en el fallo judicial, lo que llevó a la emisión de la advertencia actual.
La situación se complica aún más debido a la reciente renuncia irrevocable de la ministra Muhamad, quien anunció su salida del cargo por motivos de dignidad, en medio de críticas relacionadas con la delimitación del páramo de Santurbán y la creación de áreas de reserva sin la debida consulta a las comunidades locales.
El páramo de Santurbán es un ecosistema crucial que suministra agua a millones de personas en Colombia. No obstante, su protección ha sido objeto de controversia debido a los intereses económicos asociados a la minería en la región. La falta de una delimitación clara y consensuada ha generado tensiones entre las comunidades locales, las empresas mineras y el gobierno nacional.
Las comunidades afectadas y sus representantes legales esperan que la ministra Muhamad cumpla con la orden judicial antes de dejar su cargo, para evitar las sanciones estipuladas y garantizar una solución que equilibre la protección ambiental con los derechos y necesidades de las poblaciones locales.
