El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado el martes 18 de marzo como “día cívico” con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en las movilizaciones de apoyo a sus reformas sociales. Esta decisión se enmarca en una estrategia del gobierno para impulsar un proceso de consulta popular en torno a los cambios estructurales que ha propuesto en áreas como la salud, las pensiones y el trabajo.
La medida ha generado una fuerte controversia en el mundo político. Desde el oficialismo, sectores como el Pacto Histórico y organizaciones sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han respaldado la convocatoria y han llamado a la ciudadanía a manifestarse en las calles en favor de las reformas. Argumentan que esta es una oportunidad para que el pueblo exprese su respaldo a los cambios promovidos por el gobierno.
Sin embargo, la oposición ha reaccionado con fuertes críticas. Líderes políticos de derecha y centroderecha, como la senadora María Fernanda Cabal, han calificado la medida como un abuso de poder, señalando que el presidente está utilizando recursos del Estado para promover su agenda política. También advierten que esta decisión podría afectar el desarrollo normal de las actividades laborales y económicas del país.
Además, algunos sectores han cuestionado la legalidad de la declaratoria de día cívico, argumentando que podría ser una forma de presión institucional para influir en la opinión pública y direccionar el debate en favor del gobierno. En este contexto, la controversia sobre el uso de los mecanismos de participación popular y la movilización ciudadana sigue siendo un tema central en la política colombiana.
