El 15 de enero de 2025, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, junto a otros congresistas, radicó un proyecto de acto legislativo que busca reducir en aproximadamente un 50% los salarios de los legisladores colombianos a partir del 20 de julio de 2026. Actualmente, los congresistas reciben una remuneración mensual que alcanza los 48 millones de pesos, dividida en asignación básica, gastos de representación y prima de servicios.
La propuesta pretende modificar el artículo 187 de la Constitución Política para que la remuneración mensual de los congresistas no exceda de 20 salarios mínimos. Además, se estipula que este salario se reajustaría anualmente en proporción igual al aumento del salario mínimo y que no sería criterio para fijar el régimen salarial de otros funcionarios públicos, cuyo salario se basaría en lo devengado por el Presidente de la República.
A pesar del respaldo inicial de 57 congresistas de diversas bancadas, iniciativas similares han fracasado en más de diez ocasiones anteriores, principalmente debido a argumentos relacionados con la inconstitucionalidad por afectar derechos adquiridos y la dificultad de legislar en causa propia. Por ejemplo, en junio de 2024, una propuesta similar fue rechazada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al no alcanzar los votos necesarios para su aprobación.
En respuesta a estos obstáculos, la representante Catherine Juvinao ha planteado la posibilidad de incluir la reducción salarial en una consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. Esta estrategia buscaría presionar al Congreso y movilizar a la ciudadanía en favor de la medida, aunque su viabilidad dependerá de la concreción y alcance jurídico de dicha consulta.
