Petro acusa al Congreso de bloquear la Jurisdicción Agraria, pilar del Acuerdo de Paz de 2016
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha criticado duramente al Congreso por no avanzar con el proyecto de ley que establecería la Jurisdicción Agraria, a pesar de que esta iniciativa constituye una obligación adquirida por el Estado colombiano en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016. Esta jurisdicción especial está concebida como un mecanismo judicial especializado para atender los conflictos relacionados con la tierra, especialmente aquellos que afectan a los campesinos, pueblos indígenas y comunidades rurales históricamente excluidas.
Petro denunció que el Congreso mantiene el proyecto en una especie de “limbo legislativo”, es decir, sin rechazarlo formalmente pero tampoco aprobándolo ni discutiéndolo a fondo. Esta situación, según el mandatario, demuestra una falta de compromiso político con la transformación estructural del campo colombiano y con la implementación plena del acuerdo de paz, particularmente en lo relativo a la Reforma Rural Integral.
La Jurisdicción Agraria es vista por el Gobierno y por diversos sectores sociales como una herramienta esencial para resolver la enorme deuda histórica que el Estado tiene con el campo, donde persisten altos niveles de concentración de tierras, violencia contra líderes sociales y campesinos, y ausencia de justicia efectiva en disputas agrarias. Petro sostiene que sin este sistema judicial especializado será imposible alcanzar una verdadera paz territorial, ya que el conflicto armado ha tenido como uno de sus ejes principales precisamente la disputa por la tierra.
El presidente también hizo un llamado al Congreso para que actúe con responsabilidad histórica y permita el avance de esta reforma estructural, advirtiendo que no cumplir con este punto del acuerdo puede debilitar el proceso de paz y prolongar las condiciones de desigualdad e injusticia en las zonas rurales del país.
