Presidencia retira la consulta popular y confirma nuevo rumbo hacia la Asamblea Constituyente en 2026
El Gobierno del presidente Gustavo Petro cumplió con su anuncio de derogar el decreto que convocaba a una consulta popular para refrendar la reforma laboral. Esta decisión se oficializó mediante la publicación del nuevo decreto en el Diario Oficial, dejando sin efecto el mecanismo de participación que había sido propuesto como alternativa ante la falta de apoyo del Congreso a la iniciativa del Ejecutivo.
La consulta popular había sido planteada por el presidente como una vía para que la ciudadanía decidiera directamente sobre la aprobación de la reforma laboral, una de las principales apuestas del Gobierno en el marco de su agenda de transformaciones sociales. Sin embargo, el anuncio generó amplias controversias jurídicas y políticas, ya que varios sectores consideraron que el decreto original vulneraba la separación de poderes y el debido procedimiento legislativo.
La derogatoria del decreto representa un cambio de estrategia por parte del Ejecutivo. Petro, en recientes intervenciones públicas, indicó que en lugar de la consulta se impulsará una papeleta adicional en las elecciones regionales de 2026 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta nueva apuesta ha desatado otro amplio debate nacional sobre los alcances constitucionales y democráticos de dicha iniciativa.
Con la publicación de este nuevo decreto, el Gobierno busca, según algunos analistas, desescalar tensiones institucionales y dar un giro táctico en su intento por reformar el modelo laboral del país. No obstante, los sectores opositores sostienen que esta acción es insuficiente y que detrás de las decisiones presidenciales persiste un interés en modificar las reglas del juego democrático a través de mecanismos extraordinarios.
El retiro de la consulta popular también ha sido interpretado por algunos como una victoria de la presión jurídica y política ejercida por sectores de la sociedad civil, el Congreso y los órganos de control, que desde un inicio advirtieron sobre la presunta inconstitucionalidad de dicha convocatoria.
