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Petro busca aprobar reforma pensional en extras sin pasar por el Senado, en medio de dudas jurídicas

El presidente Gustavo Petro ha decidido jugar una carta clave para sacar adelante la reforma pensional durante las sesiones extraordinarias convocadas por su Gobierno, en medio de un ambiente político polarizado y con crecientes tensiones institucionales. El mandatario optó por concentrar la discusión exclusivamente en la Cámara de Representantes, evitando así remitir el proyecto al Senado, lo que ha despertado cuestionamientos jurídicos y políticos sobre la legalidad del procedimiento.

Según lo expresado por el presidente de la Cámara, se espera que el debate sobre la reforma pensional tenga una duración mínima de tres horas. El objetivo del Gobierno es aprobar el texto conciliado sin abrir un nuevo debate artículo por artículo, un mecanismo que permitiría sortear la resistencia que podría encontrar en el Senado, donde las mayorías son más frágiles y la oposición ha hecho pública su intención de frenar la iniciativa.

Esta estrategia representa una medición directa de la fuerza política del Gobierno en la Cámara Baja, donde todavía existen dudas sobre la conformación del quórum decisorio. Las bancadas de oposición, como el Centro Democrático y Cambio Radical, ya anunciaron que no participarán en la sesión por considerar que la convocatoria carece de sustento legal, al no haberse publicado el decreto formal de citación a extras en el Diario Oficial.

El movimiento del Ejecutivo ha sido interpretado como un intento por cerrar rápidamente el ciclo legislativo de la reforma antes del fin del periodo ordinario, en medio del temor de que el proyecto se hunda o quede empantanado en una discusión extensa. No obstante, expertos en derecho legislativo advierten que la omisión del Senado podría ser inconstitucional, pues la conciliación del proyecto requiere el aval de ambas cámaras para tener validez legal.

La incertidumbre jurídica y el ambiente de confrontación política elevan el riesgo de que cualquier avance logrado en estas sesiones extraordinarias sea posteriormente impugnado o anulado por instancias judiciales. Así, el futuro de la reforma pensional está en vilo, al igual que la capacidad del Gobierno de consolidar su legado social sin recurrir a una Asamblea Constituyente, como lo ha insinuado el propio Petro en semanas recientes.

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