Petro deberá ofrecer disculpas públicas tras fallo del Consejo de Estado por declaraciones contra opositores

El Consejo de Estado de Colombia ordenó al presidente Gustavo Petro ofrecer disculpas públicas por haber calificado de “victimarios” a los manifestantes que participaron en las protestas del 24 de noviembre de 2024. Esta decisión surge tras una acción de tutela interpuesta por Josías Fiesco Agudelo, excandidato al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático, quien argumentó que las declaraciones del mandatario vulneraron sus derechos fundamentales y los de otros opositores.
Según el fallo, las expresiones del presidente excedieron los límites de la libertad de expresión que tienen los funcionarios públicos, al utilizar un término con una connotación negativa y sin pruebas que lo sustentaran. El tribunal consideró que llamar “victimarios” a los manifestantes fue una afirmación discriminatoria que podría estigmatizar y deslegitimar a quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica.
En su decisión, el Consejo de Estado señala que las palabras del jefe de Estado desconocen el derecho a disentir y afectan la legitimidad de las movilizaciones ciudadanas. Además, subraya que los funcionarios públicos tienen la obligación de garantizar un discurso respetuoso que no vulnere los derechos de las personas ni afecte la pluralidad democrática.
El alto tribunal ordenó al presidente publicar las disculpas en sus redes sociales oficiales, incluyendo su cuenta personal en X (antes Twitter), así como en las plataformas del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y la Presidencia de la República. El mandatario tiene un plazo de cinco días para cumplir con esta orden, a partir de su notificación oficial.
En caso de no impugnar la decisión en un plazo de tres días, la sentencia será enviada a la Corte Constitucional para su revisión. Este fallo refleja la importancia de que los funcionarios públicos mantengan un lenguaje equilibrado, especialmente cuando se dirigen a sus críticos o a la oposición política.
El presidente Petro aún no ha emitido una respuesta oficial sobre la decisión judicial. Esta orden se suma a otros episodios recientes en los que sus declaraciones han generado controversias y debates en torno a los límites del discurso presidencial y el respeto a la oposición.