Petro desafía al Congreso y convoca consulta popular por decreto, desatando crisis institucional
La situación política en Colombia ha escalado significativamente debido a la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular por decreto, tras el rechazo del Senado a su propuesta de reforma laboral. Esta medida ha generado una fuerte confrontación entre las ramas del poder público y ha sido calificada por diversos sectores como un posible “golpe de Estado”.
Contexto y desarrollo de la crisis
El 14 de mayo de 2025, el Senado colombiano rechazó la propuesta de consulta popular presentada por el presidente Petro, que contenía 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral. El Gobierno argumentó que la votación fue fraudulenta y que el Senado no se pronunció adecuadamente dentro del plazo legal establecido, lo que, según su interpretación, le permite convocar la consulta por decreto. El presidente anunció que firmaría el decreto esta semana, en un acto simbólico “ante el pueblo” .
Reacciones institucionales y políticas
La decisión del presidente ha sido duramente criticada por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien afirmó que “si cree que puede sacar una consulta por decreto, está soñando” . La Corte Constitucional, a través de su presidente Jorge Enrique Ibáñez, recordó que las autoridades deben defender los principios y valores fundamentales de la sociedad, en respuesta a los señalamientos del Gobierno sobre el “lenguaje de la humillación” como herramienta de gobierno .
Diversos sectores políticos y gremiales han expresado su rechazo a la convocatoria de la consulta por decreto, argumentando que vulnera la institucionalidad del país y representa una extralimitación de funciones por parte del Ejecutivo .
Implicaciones legales y constitucionales
La convocatoria de una consulta popular por decreto plantea serias dudas sobre su legalidad y constitucionalidad. Según la Ley 1757 de 2015, el presidente puede convocar una consulta popular si el Congreso no se pronuncia dentro de un plazo determinado. Sin embargo, el Senado sostiene que ya se pronunció al rechazar la propuesta, por lo que la acción del presidente sería inconstitucional. La Corte Constitucional deberá evaluar la legalidad del decreto y determinar si el presidente tiene la facultad de convocar la consulta en estas circunstancias .
Consecuencias políticas y sociales
La confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha generado una crisis institucional sin precedentes en Colombia. El presidente Petro ha acusado al Congreso de bloquear su agenda reformista y ha llamado a la ciudadanía a movilizarse en defensa de sus propuestas. Sin embargo, las movilizaciones convocadas por el Gobierno han tenido una participación limitada, lo que pone en duda el respaldo popular a sus iniciativas .
La situación actual refleja una profunda polarización política y una creciente desconfianza entre las instituciones del Estado. La resolución de esta crisis dependerá en gran medida de la decisión que tome la Corte Constitucional sobre la legalidad del decreto presidencial y de la capacidad de los actores políticos para encontrar una salida institucional a las diferencias existentes.
