Polémica por millonario proyecto de software estatal: expertos cuestionan costos y tiempos de implementación
El gobierno de Gustavo Petro ha anunciado una inversión de $23.000 millones para desarrollar un nuevo software estatal que gestionará todas las transacciones de contratación pública en Colombia. Esta iniciativa busca reemplazar las actuales plataformas Secop I y Secop II, las cuales han sido operadas por empresas extranjeras, como Coupa (EE.UU.) y Vortal (Portugal), con el fin de que el mmEstado tenga control total sobre el sistema y pueda realizar modificaciones sin depender de terceros.
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en conjunto con Colombia Compra Eficiente, lidera este proceso, cuyo contrato está previsto para ser adjudicado el 29 de abril de 2025. El objetivo es que el sistema esté completamente operativo en diciembre de 2025, iniciando con la contratación directa, que representa el 75% del gasto público en compras y servicios.
Motivaciones del Gobierno
El Ejecutivo justifica esta inversión en la necesidad de reducir costos y ganar autonomía en la administración de los contratos estatales. Según cifras oficiales, el mantenimiento de Secop I y II ha costado al país $127.000 millones en la última década, con un gasto de $24.000 millones solo en 2024. Al depender de proveedores externos, cualquier modificación o actualización del sistema ha significado un alto costo adicional para el Estado.
Además, el gobierno de Petro argumenta que una plataforma propia permitirá mayor transparencia y eficiencia en los procesos de contratación, evitando riesgos asociados a la manipulación de datos por parte de actores privados.
Preocupaciones y críticas
A pesar de los beneficios planteados, este proyecto ha generado preocupación en diversos sectores:
• Plazos ajustados: Se cuestiona la viabilidad de desarrollar un sistema de esta magnitud en tan solo ocho meses. Algunos expertos advierten que el calendario propuesto es demasiado corto, lo que podría comprometer la calidad del software y generar fallas en su implementación.
• Experiencias previas fallidas: El gobierno ya ha enfrentado problemas con otros sistemas digitales, como la administración de pasaportes y cédulas de extranjería, lo que genera dudas sobre la capacidad del Estado para desarrollar e implementar con éxito un software de contratación pública.
• Restricciones en la contratación: Empresas interesadas en participar en la licitación han denunciado que el proceso incluye requisitos poco comunes y exigencias que podrían limitar la competencia, como la contratación obligatoria de personal adicional y la adopción de programas de mentoría empresarial. Esto ha llevado a que se cuestione si realmente se garantizará una adjudicación transparente y competitiva.
• Contexto político y Ley de Garantías: Algunos congresistas han advertido que el proyecto podría estar influenciado por intereses políticos, dado que su adjudicación se dará en un periodo cercano a las elecciones locales de 2025. Además, la implementación coincidiría con la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, que restringe la contratación pública en época electoral.
Posturas a favor y en contra
Por un lado, el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, ha señalado que el proyecto debe ser visto como una iniciativa de Estado y no un asunto político, enfatizando que la digitalización de la contratación pública es un paso necesario para mejorar la transparencia y el acceso a la información.
Por otro lado, desde la oposición y algunos gremios empresariales, se ha advertido que este cambio podría afectar la competitividad y la eficiencia de la contratación pública, generando incertidumbre en los sectores que dependen de estos procesos.
En la actualidad, la licitación sigue abierta y el Gobierno tiene menos de dos meses para seleccionar la empresa que desarrollará el nuevo sistema. Mientras tanto, el tema ha sido objeto de un debate de control político en el Congreso, donde se han expuesto preocupaciones sobre la viabilidad, costos y riesgos de esta transformación digital en la gestión pública.
