Precandidatos se enfrentan por aparición de cabecillas en evento de paz y propuesta de constituyente
El escenario político colombiano vivió un nuevo capítulo de tensión tras la polémica aparición de jefes de estructuras criminales de Medellín en un evento público organizado en el marco de los llamados “plazoletazos” promovidos por el presidente Gustavo Petro. Allí, los cabecillas tomaron la vocería para referirse a la llamada “paz urbana”, generando un intenso debate en la opinión pública y entre los precandidatos presidenciales, quienes aprovecharon la coyuntura para fijar sus posturas frente a temas sensibles como la seguridad, la institucionalidad y la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente.
Vicky Dávila, periodista y potencial aspirante presidencial, fue contundente en su crítica, asegurando que permitir que criminales hablen de paz en espacios institucionales equivale a legitimar estructuras delincuenciales y deslegitimar a las víctimas. A su juicio, este tipo de actos vulneran gravemente la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y en la justicia.
Por su parte, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato afín al progresismo, defendió el enfoque del Gobierno Nacional, argumentando que si se quiere avanzar hacia una paz duradera se deben abrir canales de diálogo incluso con actores armados urbanos. Señaló que los “plazoletazos” representan una forma de participación ciudadana que no puede ser desestimada por sectores que, según él, prefieren mantener la guerra como excusa política.
La senadora Paloma Valencia, figura destacada del Centro Democrático y firme opositora del Gobierno Petro, fue aún más tajante, afirmando que la exposición pública de jefes criminales es una muestra de la degradación institucional a la que se está sometiendo el país. Además, criticó duramente la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, advirtiendo que ese mecanismo podría ser usado para perpetuar al presidente en el poder, minando la democracia.
El debate dejó en evidencia la profunda división ideológica entre los distintos sectores políticos del país. Mientras unos defienden los diálogos como parte de un proceso de inclusión social, otros alertan sobre los riesgos de desdibujar los límites entre legalidad y criminalidad. La controversia también alimenta la tensión en torno a las próximas elecciones de 2026, donde el tema de la reelección, directa o encubierta, será clave en la agenda pública.
