Reformas no estancadas y tensión institucional: el Congreso rechaza el decretazo del Gobierno
La relación entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República atraviesa uno de sus momentos más críticos desde el inicio del actual mandato. El detonante de esta nueva etapa de confrontación fue el llamado “decretazo” que firmó el mandatario para darle sustento legal a una consulta popular, una estrategia con la que busca llevar sus reformas estructurales a las urnas sin necesidad del aval legislativo. Este movimiento ha sido interpretado por muchos sectores políticos como una forma de presionar al Congreso y, al mismo tiempo, consolidar un poder paralelo que pone en duda el equilibrio institucional del país.
El uso del decreto para impulsar una consulta ciudadana fue visto como una maniobra unilateral del Ejecutivo, que profundizó el distanciamiento con el Legislativo. Aunque el presidente ha argumentado que la consulta es “conveniente” y que no pretende vulnerar las competencias del Congreso, lo cierto es que el ambiente político se ha polarizado aún más. La reacción de varios congresistas fue de rechazo inmediato, al considerar que el presidente está intentando gobernar al margen del sistema de pesos y contrapesos.
La propuestak de una asamblea constituyente —una idea que Petro ha defendido en distintos escenarios— también ha generado resistencia. Aunque el mandatario ha dicho que no se trata de “cerrar el Congreso” ni de imponer un nuevo orden, muchos legisladores y sectores de la oposición consideran que la insistencia en esta vía evidencia un desgaste del diálogo institucional y una intención de modificar las reglas del juego democrático sin un consenso amplio.
Además de las tensiones políticas, este conflicto ha frenado importantes iniciativas legislativas. Proyectos clave para el Gobierno en temas de salud, tierras, servicios públicos, educación, presupuesto nacional y otros aspectos estructurales han quedado empantanados en medio de la disputa. Incluso algunos sectores del Pacto Histórico, la coalición oficialista, han expresado preocupación por el rumbo que está tomando la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, alertando sobre el riesgo de una crisis institucional.
El gobierno, por su parte, insiste en que las reformas son necesarias para transformar el país y que el Congreso ha sido un obstáculo permanente. Sin embargo, la estrategia de acudir a las urnas sin agotar el debate parlamentario ha encendido alarmas en la comunidad internacional y entren analistas políticos.
