Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones, será llevada a juicio por su presunta participación en un esquema de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía General de la Nación la acusa de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que han sacudido el entorno político colombiano.
Las investigaciones indican que en octubre de 2023, Ortiz habría recibido una suma de 3.000 millones de pesos, entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD. Estos fondos, según la Fiscalía, estaban destinados a ser utilizados para influir en decisiones del Congreso, específicamente para asegurar respaldo legislativo a proyectos gubernamentales. Los recursos, presuntamente, fueron entregados al entonces presidente del Senado, Iván Leonidas Name Vásquez, con el objetivo de favorecer intereses políticos del Ejecutivo.
El caso ha avanzado rápidamente en la justicia colombiana. Durante la audiencia del 24 de enero de 2025, la jueza 21 Penal del Circuito de Bogotá ratificó la medida de aseguramiento en contra de Ortiz, quien permanecerá detenida en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional. La magistrada argumentó que existen riesgos para la investigación, incluyendo una posible obstrucción de la justicia, lo que justifica la decisión de mantener su detención preventiva.
Por su parte, Sandra Ortiz ha rechazado las acusaciones en su contra, asegurando que es víctima de persecución política. En sus declaraciones, ha sugerido que otros funcionarios de alto nivel estarían involucrados en la trama de corrupción, aunque hasta el momento no ha aportado pruebas concretas que respalden sus afirmaciones.
Este proceso ha generado un fuerte debate en el país sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos y el nivel de corrupción en entidades gubernamentales clave. La Fiscalía ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y ha advertido que continuará profundizando en la red de corrupción dentro de la UNGRD, con la posibilidad de nuevas imputaciones en los próximos meses.
Mientras tanto, la opinión pública sigue atenta a los desarrollos del caso, que podría tener repercusiones políticas significativas en el gobierno actual y en futuras elecciones.
