El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se pronunció recientemente sobre la decisión del gobierno de Gustavo Petro de declarar el estado de conmoción interior en respuesta a la creciente violencia en el país, particularmente en la región del Catatumbo. Santos argumentó que esta medida no tiene justificación y advirtió sobre los riesgos que implica para el equilibrio democrático y el respeto a los derechos ciudadanos.
Según el exmandatario, la crisis de seguridad, aunque preocupante, puede ser gestionada mediante los mecanismos legales y operativos ya disponibles para el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad, sin necesidad de recurrir a medidas excepcionales. Señaló que la declaración de conmoción interior, prevista en la Constitución para situaciones de extrema gravedad que amenacen el orden institucional, debe ser utilizada con extrema prudencia y solo cuando todas las demás herramientas hayan sido agotadas.
El gobierno de Petro ha justificado la implementación del estado de excepción argumentando que los recientes brotes de violencia en varias regiones del país, especialmente en zonas de influencia de grupos armados ilegales, han superado la capacidad de respuesta ordinaria del Estado. La medida le otorga al presidente facultades extraordinarias, incluyendo la posibilidad de expedir decretos con fuerza de ley, restringir derechos y movilizar recursos de manera inmediata para hacer frente a la crisis.
Sin embargo, esta decisión ha generado fuertes críticas de diversos sectores políticos y sociales. Santos, en su pronunciamiento, recordó que durante su gobierno enfrentó crisis similares sin recurrir a la figura de la conmoción interior, apostando por el fortalecimiento del Estado de Derecho y el diálogo como principales herramientas para contener la violencia. Además, advirtió que esta declaración podría abrir la puerta a abusos de poder y afectar la estabilidad institucional del país.
Diferentes actores políticos han solicitado a la Corte Constitucional un análisis riguroso de la legalidad y proporcionalidad de la medida, ya que la Carta Magna establece que los estados de excepción deben estar sujetos a estrictos controles para evitar excesos.
Por su parte, desde el gobierno han reiterado que la decisión busca garantizar la seguridad de la población y restablecer el orden público en las zonas más afectadas por la violencia, insistiendo en que la situación es crítica y requiere medidas extraordinarias para ser atendida de manera eficaz.
En conclusión, el pronunciamiento de Santos refleja una postura crítica frente a la decisión del gobierno lde Petro, destacando la importancia de preservar los principios democráticos y buscar soluciones dentro del marco legal ordinario antes de recurrir a medidas excepcionales que podrían tener implicaciones de largo plazo para el país.
