La Cancillería confirmó el cierre unilateral de la frontera con Venezuela durante 72 horas, en un movimiento que intensifica la tensión bilateral. La medida, según fuentes oficiales, responde a presuntas amenazas relacionadas con el contrabando y la seguridad nacional. El Gobierno asegura que esta acción busca proteger la soberanía y combatir actividades ilícitas en la región fronteriza, pero ha generado críticas de sectores opositores que señalan posibles impactos humanitarios y comerciales. Caracas aún no ha emitido una respuesta oficial, aunque analistas temen que esta decisión pueda escalar en un conflicto diplomático mayor. Mientras tanto, comunidades fronterizas enfrentan incertidumbre ante las implicaciones inmediatas de esta decisión.
