Uribismo denuncia maniobra en el CNE para beneficiar al presidente Petro en caso de financiación electoral
Desde el partido Centro Democrático se lanzaron duras acusaciones contra el magistrado Álvaro Hernán Prada Fernández, luego de que este solicitara suspender la investigación que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelanta sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, en el marco de presuntas irregularidades financieras. Según los voceros de la colectividad opositora, la actuación del magistrado tendría una clara intención de favorecer al presidente y frenar el avance de una investigación que consideran crucial para la transparencia institucional.
El caso en cuestión ha ganado notoriedad desde que surgieron denuncias sobre supuestas irregularidades en los aportes y reportes de gastos de la campaña presidencial de Petro en 2022. El CNE venía avanzando en el proceso indagatorio, en el que incluso se había solicitado información clave a la campaña y se manejaban hipótesis sobre posibles violaciones a los topes de financiación establecidos por la ley electoral.
La solicitud de Prada Fernández para suspender el proceso ha sido interpretada por sectores del Centro Democrático como una maniobra para dilatar o incluso archivar la investigación, lo que encendió las alarmas entre quienes consideran que el CNE debe actuar con total independencia y sin interferencias políticas o personales. Para el uribismo, este tipo de decisiones minan la credibilidad del sistema electoral y generan un manto de duda sobre la imparcialidad de los magistrados.
El partido también insinuó que existirían afinidades políticas entre el magistrado y el Gobierno, lo cual, según ellos, explicaría la decisión. Aunque hasta el momento no hay pruebas públicas de una relación directa, las declaraciones apuntan a un ambiente de creciente tensión entre el Ejecutivo y la oposición, con el sistema electoral como nuevo campo de batalla.
Por su parte, desde sectores cercanos al Gobierno y algunos analistas, se ha defendido la actuación del magistrado, argumentando que la solicitud de suspensión obedece a razones procesales y no a intereses políticos. Aun así, el episodio ha reavivado el debate sobre la politización de los órganos de control y la necesidad de reformar el sistema electoral colombiano para blindarlo frente a presiones partidistas.
En un contexto ya marcado por enfrentamientos entre el presidente Petro y distintas instituciones, este nuevo capítulo agrega combustible a una confrontación política cada vez más polarizada.
