En el sector norte de Cartagena, una disputa por tierras ha generado controversia entre empresarios, abogados y comunidades locales. La problemática involucra la presunta apropiación ilegal de terrenos, posibles actos de corrupción en entidades oficiales y afectaciones ambientales en la zona.
Uno de los casos más relevantes es el de la Hacienda Santana en Barú, donde se ha denunciado el despojo de tierras de comunidades nativas. Según el abogado Héctor Pérez Fernández, prominentes empresarios y sus asesores legales habrían diseñado estrategias para despojar a los pobladores legítimos de sus tierras. Entre los señalados se encuentran el Grupo Valorem de la familia Santo Domingo y Gabriel Echavarría Obregón. Además, Pérez Fernández ha advertido que algunos de los abogados vinculados a estos casos ocupan posiciones clave en la Oficina Jurídica y la Secretaría del Interior de Cartagena, lo que podría comprometer la imparcialidad en la resolución de los litigios.
Otro conflicto gira en torno a un predio en la isla del Covado, actualmente explotado por una multinacional camaronera. Diógenes Meza Ariza, quien afirma ser el dueño legítimo de esas tierras, sostiene que su familia fue despojada de la propiedad sin una compensación justa. Pese a sus esfuerzos por lograr una conciliación con la empresa que opera en el terreno, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo.
En paralelo, en el sector de Cielo Mar, la comunidad ha emprendido acciones legales para frenar un proyecto inmobiliario conocido como “Basilio”, el cual contempla la construcción de 132 apartamentos en cercanías de la Ciénaga de la Virgen. De acuerdo con las denuncias, el proyecto ha avanzado sin cumplir con la normativa ambiental y ha realizado intervenciones con maquinaria pesada en una zona de manglar protegida. Ante esta situación, la justicia ha admitido una acción popular que busca detener las obras y evitar daños ecológicos irreversibles en el ecosistema de la ciénaga.
Estos casos evidencian la compleja problemática de la tenencia y uso de tierras en Cartagena, donde intereses económicos y legales se enfrentan a comunidades que buscan preservar sus derechos. Las autoridades locales y los tribunales deberán esclarecer la legalidad de las transacciones y tomar medidas para garantizar que los procesos sean transparentes y justos.
