Congreso aplaude ley contra violencia política de género: una herramienta para proteger a las mujeres en el poder
El presidente Gustavo Petro sancionó recientemente una ley que busca prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres en Colombia, marcando un hito en la garantía de sus derechos políticos y en la lucha por la igualdad de género en el ejercicio del poder. Esta iniciativa legislativa, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso en mayo de 2023, establece un marco legal para enfrentar de forma integral las agresiones, amenazas, acoso y discriminación que sufren muchas mujeres al participar en la vida política del país.
La ley ha sido celebrada por congresistas de distintas bancadas y orillas ideológicas, quienes coincidieron en reconocer la importancia de esta herramienta para asegurar condiciones justas y seguras para las mujeres en escenarios de representación y liderazgo.
La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, calificó la sanción de la ley como un hecho histórico y agradeció el respaldo de colegas hombres que apoyaron el proyecto desde su inicio. En su declaración, resaltó la necesidad de un entorno político libre de violencias para garantizar una democracia real y equitativa.
Desde el Pacto Histórico, la senadora María José Pizarro enfatizó que la ley no solo reconoce un problema estructural, sino que también dota a las mujeres de mecanismos concretos para protegerse y denunciar situaciones de violencia. Para ella, la sanción de esta norma representa un avance crucial en la agenda de los derechos de las mujeres.
También se pronunció la senadora Nadia Blel, del Partido Conservador y una de las autoras del proyecto, quien señaló que la violencia política no distingue partidos ni ideologías. Blel compartió su experiencia personal al señalar que, como muchas de sus colegas, ha enfrentado ataques por su condición de mujer en la política, y valoró el paso que da el país hacia un ambiente más igualitario y respetuoso.
La ley contempla medidas preventivas, rutas de atención a víctimas, sanciones para agresores y protocolos en campañas, instituciones y partidos políticos. Con su entrada en vigencia, Colombia se suma a los países de América Latina que han dado un paso firme para erradicar la violencia política de género y fomentar una democracia más inclusiva.
