El desplazamiento forzado de docentes en la región del Catatumbo, Colombia, se ha intensificado como una consecuencia directa de la violencia generada por los grupos armados que operan en la zona. Según cifras recientes, más de 200 maestros han sido obligados a abandonar sus puestos de trabajo y hogares debido a amenazas, extorsiones y enfrentamientos armados entre grupos ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y bandas criminales.
El Catatumbo, ubicado en Norte de Santander y conocido por sus cultivos de coca y su compleja situación geopolítica, es uno de los epicentros del conflicto armado en el país. En este contexto, los docentes no solo enfrentan riesgos directos, sino que también ven comprometida su labor educativa, lo que agrava la crisis social en una región donde el acceso a la educación ya es limitado.
Organizaciones sindicales y de derechos humanos han exigido al gobierno garantías para el regreso seguro de los docentes y un mayor compromiso para proteger sus derechos. Además, han solicitado medidas de protección más efectivas, como escoltas, reubicaciones temporales y estrategias integrales para desescalar la violencia en la zona.
Este desplazamiento masivo afecta directamente a miles de estudiantes, quienes quedan sin acceso a clases, profundizando el rezago educativo en una región históricamente marginada. La falta de atención a esta problemática podría perpetuar el ciclo de violencia y exclusión en el Catatumbo.
