El Senado de la República de Colombia negó la convocatoria de la denominada consulta popular 2.0, una propuesta impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro con el objetivo de someter a votación ciudadana temas fundamentales de su agenda, como la reforma laboral, la salud y la educación.
La decisión se tomó en medio de un ambiente político tenso y con múltiples cuestionamientos sobre la viabilidad legal y constitucional del mecanismo propuesto. Desde diversos sectores de la oposición —y algunos sectores independientes— se expresó preocupación por lo que consideraban una estrategia del Ejecutivo para evadir el debate legislativo y tratar de legitimar sus reformas directamente con la ciudadanía.
Durante el debate, varios senadores advirtieron que la consulta carecía de claridad sobre su alcance, sus preguntas y su impacto jurídico. Además, señalaron que intentar forzar su implementación sin el debido trámite constitucional y sin el respaldo del Congreso podría poner en riesgo la institucionalidad del país.
La votación en contra representa un golpe político para el Gobierno, que había planteado esta consulta como una alternativa para destrabar sus proyectos de ley ante la falta de mayorías en el Legislativo. Con esta decisión, se reafirma el rol del Congreso como escenario central del debate democrático y se descarta, al menos por ahora, el uso de un mecanismo de participación ciudadana para validar reformas estructurales.
