El Gobierno analiza incluir en su próxima reforma tributaria un impuesto a las iglesias, lo que ha generado un fuerte debate en distintos sectores políticos y religiosos. Actualmente, estas instituciones gozan de exenciones fiscales en muchos países, lo que les permite operar sin pagar tributos sobre sus ingresos, donaciones y propiedades. La posibilidad de modificar este régimen ha abierto una discusión sobre la equidad tributaria y la autonomía de las organizaciones religiosas.
La propuesta parte del principio de justicia fiscal, según el cual todas las entidades con ingresos significativos deberían aportar al sistema tributario. Sus defensores sostienen que algunas iglesias manejan grandes sumas de dinero y bienes raíces sin pagar impuestos, lo que les otorga una ventaja sobre otras instituciones. También argumentan que muchas de estas organizaciones desarrollan actividades económicas, como la venta de libros, eventos masivos y servicios, sin tributar como una empresa convencional. Desde esta perspectiva, imponer impuestos a las iglesias ayudaría a aumentar la recaudación y financiar programas sociales.
Por otro lado, líderes religiosos y sectores conservadores han rechazado la idea, argumentando que afectaría la labor social de las iglesias, que suelen brindar apoyo a poblaciones vulnerables sin recibir financiamiento estatal. También advierten que gravar estas instituciones podría interpretarse como un intento de controlar o limitar la libertad de culto, lo que abriría un debate constitucional.
El tema ha dividido a los partidos políticos. Mientras sectores progresistas ven con buenos ojos la medida como parte de una reforma tributaria más justa, partidos conservadores y grupos religiosos han manifestado su rechazo absoluto. Desde el Gobierno, se ha indicado que la propuesta aún está en evaluación y que se estudiará su viabilidad en el marco de la reforma tributaria.
En las próximas semanas, se espera que la discusión continúe en el Congreso y en la opinión pública, con posibles manifestaciones y pronunciamientos de expertos en derecho tributario y constitucional. El tema promete convertirse en uno de los puntos más controvertidos del debate sobre la reforma fiscal.
