La consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro dio inicio formalmente en el Congreso con lo que se ha denominado la “hora cero” del trámite legislativo. Sin embargo, el proceso comenzó con un giro inesperado: tanto el oficialismo como la oposición, a pesar de sus diferencias ideológicas y por razones distintas, han decidido acelerar la discusión del proyecto. Ambos sectores acordaron emitir un concepto sobre la viabilidad de la consulta en un plazo máximo de tres semanas.
Esta decisión resulta sorpresiva considerando que días antes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, había advertido sobre un posible “plan tortuga” por parte del Congreso, en referencia a una estrategia de dilación que podría frenar el avance de la propuesta. No obstante, lo que se ha visto es lo contrario: una dinámica más activa y ágil para evaluar la viabilidad de la consulta, la cual plantea reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.
La rapidez con la que se moverá el trámite no implica necesariamente un consenso, pero sí una coincidencia temporal entre los partidos, que prefieren definir pronto su posición frente a una iniciativa que podría transformar el panorama político y social del país. Mientras el Gobierno busca legitimar sus reformas a través de la consulta, sectores de la oposición parecen dispuestos a avanzar para confrontarla políticamente sin dar margen a dilaciones.
El debate en el Capitolio estará marcado por tensiones políticas, intereses electorales y el pulso entre el Congreso y la Casa de Nariño. El hecho de que ambos bandos busquen apurar el análisis de la consulta revela no solo su relevancia, sino también el deseo de controlar el relato y la narrativa ante la opinión pública.
