Presidente alerta sobre supuestas irregularidades electorales y anuncia movilización en Bucaramanga
El presidente Gustavo Petro generó nuevas tensiones políticas al poner en duda las garantías electorales de cara a los comicios de 2026. En sus recientes declaraciones, el mandatario expresó su preocupación por la legitimidad y transparencia del proceso electoral, aludiendo directamente al papel del exregistrador Alexander Vega y del actual registrador nacional, Hernán Penagos.
Estas afirmaciones surgen tras la difusión de unos audios comprometedores en los que se menciona un presunto plan encabezado por el excanciller Álvaro Leyva para apartar a Petro del poder. Aunque los detalles del contenido de los audios aún no han sido plenamente esclarecidos, el presidente los relacionó con una posible operación más amplia destinada a afectar la institucionalidad democrática del país y a poner en duda su permanencia en el cargo.
Petro aseguró que estos hechos afectan gravemente la confianza ciudadana en el sistema electoral, y llamó a estar vigilantes ante cualquier intento de manipulación del proceso democrático. Como respuesta simbólica y política, el jefe de Estado anunció que participará en una marcha en Bucaramanga el próximo 20 de julio, que tendrá como objetivo “defender la democracia y las reformas sociales”.
El anuncio de la movilización y los cuestionamientos al sistema electoral provocaron reacciones inmediatas desde distintos sectores políticos. Mientras algunos aliados respaldaron el llamado a la movilización popular como mecanismo de resistencia democrática, miembros de la oposición criticaron duramente al mandatario por lo que consideran una estrategia para deslegitimar anticipadamente unas elecciones que aún están lejos en el calendario.
Este episodio se suma a una creciente polarización en el país y a la narrativa del presidente Petro, quien en varias ocasiones ha denunciado la existencia de conspiraciones en su contra, tanto desde sectores institucionales como políticos y económicos. La controversia también pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer la confianza en las entidades encargadas de organizar los procesos electorales y de garantizar su independencia.
